• Las bases del PND seguirán en una construcción permanente con los insumos que se generarán de los Diálogos Regionales Vinculantes que se están desarrollando así como la definición del articulado y el plan de inversiones permitirán consolidar el documento para la radicación del proyecto de ley al Congreso el 7 de febrero de 2023.
• El documento estima una concurrencia de inversiones públicas para los próximos cuatro años por valor de $1.048,2 billones, que es consistente con el escenario macroeconómico y fiscal propuesto en este PND.
• “Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que desde el comienzo cuenta con la participación de todas las personas, que a lo largo y ancho de Colombia han querido expresar sus opiniones acerca de los proyectos estratégicos que garantizan mejores condiciones de vida”, subrayó el director del DNP.
Ver el documento: Bases del PND
Bogotá, martes 15 de noviembre de 2022. El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, dio a conocer la primera versión de las bases de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, el documento más importante del Gobierno nacional donde se definen las metas que deberá cumplir a corto, mediano y largo plazo en los próximos cuatro años.
Esta primera versión consta de 235 páginas puestas a consideración del Consejo Nacional de Planeación (CNP) este martes 15 de noviembre, para su discusión por parte de representantes de las entidades territoriales y de los distintos sectores que integran la sociedad civil (económico, social, ecológico, y cultural), quienes darán un concepto.
González explicó que esta primera versión de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fue posible tras meses de coordinación de labores entre las entidades gubernamentales lideradas por el DNP, y tiene como eje principal sentar los pilares para definir las transformaciones que requiere el país en su objetivo de ser potencia mundial de la vida.
“El PND 2022-2026 pone sus mayores énfasis en la disminución de las desigualdades y en la superación de las injusticias que les son propias, por lo que la redistribución de los recursos prioriza a los sectores de la sociedad y a las regiones que producen la riqueza, pero no se han beneficiado con ella”, explicó González.
El papel de los Diálogos Regionales Vinculantes
El director añadió que este PND “combina las voces manifiestas en los Diálogos Regionales Vinculantes con los compromisos previos del Estado (...) Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que desde el comienzo cuenta con la participación de todas las personas, que a lo largo y ancho de Colombia han querido expresar sus opiniones acerca de los proyectos estratégicos que garantizan mejores condiciones de vida”.
Hasta el pasado 9 de noviembre, se han realizado 31 Diálogos Regionales Vinculantes e 573 municipios con la participación de más de 81.000 asistentes que han presentado 14.383 necesidades de cambio y 22.945 propuestas para el PND.
Aún quedan por desarrollar 17 diálogos que concluirán la primera semana de diciembre. “El propósito es continuar consolidando el círculo virtuoso entre los diálogos. El alcance de este gran diálogo nacional va más allá de las bases del Plan. Son insumos fundamentales para la construcción de políticas públicas complementarias, así como proyectos nacionales, sectoriales y territoriales. Estos insumos serán públicos para la consulta de todos los colombianos”, dijo el funcionario.
Sostenibilidad financiera del PND
En lo relacionado con la sostenibilidad financiera del PND, González dijo que el documento busca la armonía entre el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y los recursos de los municipios y de los departamentos. “Estas fuentes deberían converger hacia programas estratégicos. Es notoria la poca eficiencia del gasto que se explica, en gran medida, por la dispersión de recursos”, manifestó el funcionario.
El documento tiene un apartado dedicado al Plan Plurianual de Inversiones (PPI) 2023-2026, donde se contempla la parte financiera, presupuestal y de inversiones, necesaria para materializar los fines propuestos. “Dicho plan es un verdadero presupuesto, sólo que plurianual, como lo define la Constitución”, explicó el director.
Según el documento, en esta primera versión del PPI, se estima una concurrencia de inversiones públicas para los próximos cuatro años por valor de $1.048,2 billones (a precios constantes de 2022), que es consistente con el escenario macroeconómico y fiscal propuesto en este PND.
Con la presentación de las bases al CNP, el proceso de elaboración del PND sigue en una construcción permanente en la que se incluirán los insumos de los Diálogos Regionales faltantes, la definición del articulado y el plan de inversiones que consolidarán el proyecto de ley que se radicará al Congreso de la República el 7 de febrero de 2023.
Los ejes transformacionales
El director del DNP confirmó que el documento consta de cinco transformaciones: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; Seguridad Humana y Justicia Social; Derecho Humano a la Alimentación; Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática; y Convergencia Regional.
“Estas cinco transformaciones se construyeron a partir de los Diálogos Regionales Vinculantes con los ciudadanos. Estos espacios han permitido identificar necesidades de cambio y priorizar acciones, además de ser una oportunidad para validar los desarrollos de las bases conceptuales del Plan. Es la ciudadanía la que le ha dado jerarquía a los focos de cada transformación”, subrayó González.
En el primero se propone orientar el desarrollo del país sobre un enfoque de justicia ambiental y definir un ordenamiento territorial que se encuentre alrededor del agua en articulación con los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones. Además, se plantea la consolidación del Catastro Multipropósito y el tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT), así como la formalización, adjudicación y regularización de la tenencia de la tierra en la zona rural, urbana y suburbana.
En Seguridad Humana y Justicia Social se plantea trascender el enfoque tradicional de la seguridad y la defensa, hacia una mirada integral e intersectorial para avanzar hacia la plena realización, el buen vivir y el desarrollo humano.
En Derecho Humano a la alimentación se proyecta garantizar, de manera progresiva, que todas las personas del territorio nacional tengan una alimentación adecuada y aceptable según las necesidades de su curso de vida.
En Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, el documento propone mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energía, aire, agua y suelo; transitar de las actividades extractivas al aprovechamiento de nuevos potenciales territoriales y avanzar en la descarbonización y en la resiliencia climática, principalmente.
Y en Convergencia Regional, el documento proyecta un proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, mediante el acceso diferencial acorde a las particularidades locales en el territorio a oportunidades, bienes y servicios a todas las personas, promoviendo un mayor bienestar integral y mejorando la calidad de vida de los habitantes.
Actores diferenciales para el cambio
El documento dedica un apartado especial a la importancia del papel que tendrán las mujeres como motor de desarrollo económico, su papel en el centro de la vida política y la paz, la creación de una sociedad libre de estereotipos y gobernanza de género.
Así mismo, se refiere a la construcción de una Colombia igualitaria y libre de discriminación y fortalecimiento de la institucionalidad, dentro de este inciso están las personas de las comunidades LGBTIQ+.
También se destaca la reparación efectiva y real de las víctimas del conflicto armado y la importancia de una política social a favor de la niñez colombiana con mayores oportunidades en educación y atención integral a la primera infancia.
De igual forma, se contempla un apartado dedicado a la atención de los pueblos y las comunidades étnicas, especialmente en temas relacionados con tierras, igualdad de oportunidades, derecho humano a la alimentación, una economía productiva con justicia ambiental, bienestar y bien vivir.
En relación con la población joven de Colombia, el documento proyecta oportunidades para que los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida, salud, empleo, cultura y arte, su defensa en el conflicto armado, y convertirlos en los protagonistas de las trasformaciones del PND.
Las personas con discapacidad también están incluidas en el PND. En este caso, la protección de sus derechos, la creación de cifras confiables para la ejecución de políticas públicas, la educación y trabajo inclusivos para garantizar su autonomía e independencia, y la inclusión social, son algunas acciones que contempla el documento.