Revista Jurídica

​La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-622 de 2016, reconoció por primera vez a un ecosistema como sujeto de derechos en Colombia. En este pronunciamiento, la Corte brindó tal connotación al Río Atrato, su cuenca y afluentes con miras a su protección, conservación, mantenimiento y restauración como consecuencia del deterioro que enfrentan por la intensiva actividad minera que vertía mercurio en la fuente hídrica. Esta decisión marcó, en sí misma, la consolidación de una serie de reglas jurisprudenciales que han sido utilizadas por otras corporaciones para proteger, incluso, con alcances intergeneracionales, otros ecosistemas como la Amazonía colombiana o el Parque Nacional de Los Nevados.​​

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del cual el Gobierno nacional establece los lineamientos estratégicos de políticas públicas y los objetivos de corto, mediano y largo plazo que las desarrollan. Los elementos que componen el Plan deben guardar una relación de interdependencia, en especial las disposiciones instrumentales, ya que estas han de tener una relación de conexidad directa e inmediata con las estrategias y orientaciones de la política pública del gobierno, contenida en la parte general del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas y proyectos del plan de inversiones.

En el evento de la falta de coherencia entre las estrategias y objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones que lo conforman se generaría un vicio frente a estas últimas. Esto conllevaría a que estas reglas no podrían superar el examen de constitucionalidad por no haberse respetado el principio de Unidad de Materia.​

​​​La competencia para comprometer a las entidades públicas, en el marco de la audiencia de pacto de cumplimiento, está dada en cabeza del Comité de Conciliación, por lo tanto, para la audiencia del artículo 27 de la ley 472 ya no se hace necesaria la presencia del representante legal.

Palabras clave: Audiencia de pacto de cumplimiento y comité de conciliación. 

​​El ordenamiento jurídico ha establecido que el medio de control procedente para reclamar los perjuicios ocasionados con la expedición de un acto administrativo es el de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado en algunos casos ha admitido la procedencia del medio de control de reparación directa para reclamar los perjuicios que eventualmente pueda ocasionar un acto administrativo que es revocado directamente por la Administración.

Palabras clave: Acto administrativo, presunción de legalidad, revocatoria directa, fuente del daño, indemnización de perjuicios, nulidad y restablecimiento del derecho.