En desarrollo de la Ley 2069 de 2020, que contiene disposiciones para promover el emprendimiento, el Decreto 1860 de 2021 abrió nuevas posibilidades para la participación de las Mipyme en el mercado de Compras Públicas, a través de la aplicación de criterios diferenciales y puntajes adicionales sobre los demás oferentes.
Asimismo, desarrolló una serie de incentivos para la participación de las mujeres para contratar con el Estado, a través de la definición de los "emprendimientos y empresas de mujeres".
Finalmente, el Decreto incentiva a las entidades públicas, indistintamente de su régimen de contratación, a incluir como obligación contractual el uso de servicios y/o la adquisición de bienes que provengan directamente de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.
