A lo largo del tiempo, la Oficina Asesora Jurídica -OAJ- ha venido creciendo en gestión, producción de resultados, innovación y agregación de valor a sus productos para contribuir de mejor manera a la misión institucional del Departamento Nacional de Planeación -DNP-. En el último año, por ejemplo, se incrementaron los resultados en materia de cobros coactivos, celeridad en la respuesta a demandas y se emitió la política de prevención del daño antijurídico, lo que, en suma, mejoró notablemente el Índice de Desempeño Institucional de esta dependencia. Asimismo, se han asumido importantes retos en materia de gestión normativa tales como la contribución en el cierre del proceso de reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo -PND- (2018-2022) y en la depuración normativa del reglamento único sectorial.
En cualquier caso, en sintonía con el rol de Think Tank del Gobierno Nacional que concierne al DNP, una de las contribuciones más importantes de esta OAJ ha sido, sin duda, su compromiso con la generación y divulgación del conocimiento jurídico sectorial. Aportes como el “ABC de la Consistencia Jurídica de los Documentos Conpes”, el “Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías Comentado”, los múltiples “conceptos unificados” y, por supuesto, esta “Revista Jurídica” han contribuido en la mejora de procesos internos, la reducción de tiempos de respuesta de las peticiones de consulta y en la generación de seguridad jurídica en la aplicación del régimen normativo sectorial.
Con todo y estos logros, el futuro presenta un panorama lleno de retos, tanto para este Departamento Administrativo como para su OAJ. El más destacable, quizá, sea el proceso de construcción, aprobación e implementación del próximo PND (2022-2006). Así pues, según lo expuesto ante las comisiones económicas del Congreso de la República por el Doctor Jorge Iván González, Director de este Departamento Administrativo, el PND que comienza a formarse se centrará en seis ejes temáticos: ordenamiento territorial, seguridad humana, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social-regional y la estabilidad fiscal. Frente a cada uno de ellos se presentan importantes complejidades, tanto en sus formas, como en lo que a su funcionalidad se refiere.
Es imperativo, de entrada, comenzar a idear mecanismos para favorecer la implementación de presupuestos por programas, lo mismo que la articulación de distintas manifestaciones del Estado y de fuentes de financiamiento público como el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías en orden a favorecer la sumatoria de capacidades institucionales de los distintos órdenes territoriales en aras de la materialización de objetivos comunes. Esta, sin duda, será una de las premisas esenciales para asegurar la puesta en marcha de los ejes temáticos del nuevo PND.
En efecto, solo por virtud de esta visión estratégica será posible que el “ordenamiento territorial” sirva como herramienta que potencie las capacidades de los diversos entes territoriales para la efectiva ejecución de las políticas públicas. Solo desde la sumatoria de las capacidades institucionales de todas las manifestaciones del Estado podrá garantizarse la “seguridad humana” en sus dimensiones de salud, educación, acceso a la justicia y preservación de los derechos humanos. Este enfoque de acción pública coordinada, asimismo, es imprescindible para procurar la modernización del sector agropecuario y la inclusión productiva para preservar la “seguridad alimentaria”. A su vez, por fuera de este enfoque resulta impensable dar forma a la “transformación energética”, toda vez que sin canales de interacción institucional bien definidos no es posible potenciar la productividad del sector energético en el marco de la economía verde y reducir la dependencia del petróleo y los minerales. Finalmente, este enfoque de articulación institucional será la clave para estimular la generación de ingresos en las entidades territoriales que lleve a una mejora en la tributación y el recaudo, así como al fortalecimiento de la vigilancia fiscal y el resarcimiento al daño del patrimonio público como condición para asegurar la “estabilidad fiscal”.
Desde ya, el equipo de profesionales de esta OAJ asume el reto de contribuir en la construcción de los documentos y soportes jurídicos que se precisen para dar forma a esta normativa. La Revista Jurídica misma será, por tanto, un canal esencial para comenzar a poner en común las ideas que permitan dar forma y definir mecanismos para la puesta en marcha de los referidos ejes. Asimismo, como siempre lo resalto, esta Revista Jurídica también servirá como foro para el diálogo con la comunidad, las demás autoridades públicas y la academia, actores siempre bienvenidos a nuestras páginas.
Oficina Asesora de Jurídica
Bogotá, 05 de septiembre de 2022.
